Desde la opinión del presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano, existe una saturación legislativa de la normatividad de los ayuntamientos; es decir, los recientes ajustes podrían haberlos constituido como un ente administrador de acciones determinadas por el Estado y la Federación.
Muestra de ello, dijo, es el contenido actual de la Ley Fiscal Municipal, la Ley de Obra Pública y la propia Ley Orgánica Municipal, que redujeron la participación en toma de desiciones de los ayuntamientos, para solamente direcciones, accionar y recursos decididos, desde el Gobierno Estatal y en algunos casos Federal.
Dijo que estas modificaciones a las normativas han generado que los municipios sean entidades administrativas, con capacidades limitadas para atender las necesidades que ocurren en su entorno inmediato.
Estas limitantes son riesgosas, toda vez que la base social de Chiapas son los ayuntamientos, quien deberían administrar recursos y tener voz autorizada ante el Estado y la Federación para direcciones las rutas de apoyo.
Sin embargo las políticas de desarrollo han generado cambios en las leyes que rigen los ayuntamientos, de tal suerte que básicamente de manera directa el Gobierno Estatal y el Federal deciden a dónde van las direcciones el apoyo.
Esto es comprensible, dijo, pues se habían detectado actos de corrupción entre algunos ayuntamientos, por lo que lo ideal sería un análisis juicioso del Poder Legislativo para conocer la dimensión de los alcances de estas leyes y construir un proyecto equilibrado que restituya las tomas a decisiones a los ayuntamientos.
