Habitantes de la comunidad Ricardo Flores Magón, en el municipio de Tecpatán, se manifestaron este viernes frente al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Copainalá para exigir justicia por el asesinato de Marcial Pablo Cruz, ocurrido hace dos años, y denunciar la nula respuesta de las autoridades judiciales ante la serie de audiencias diferidas y canceladas que mantienen el caso en el “limbo”.
Sin solución
Con cartulinas y consignas, los manifestantes señalaron que, pese al tiempo transcurrido, no existe un resolutivo en el proceso. Responsabilizaron directamente al juez Juan Gabriel Jiménez Velázquez, quien labora en ese órgano, por los retrasos y por presuntas irregularidades que, afirmaron, han impedido el avance del caso.
Exigencia
“No por ser un pueblo pequeño nos van a dejar sin justicia; no queremos otra muerte”, expresó Guaida Domínguez Sánchez, y detalló que, aunque acudió una comisión ante el juzgado, la exigencia es de toda la comunidad indígena.
Los quejosos solicitaron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, ante la falta de acción de las instancias locales. En la protesta participaron integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), quienes respaldaron la demanda de justicia y denunciaron lo que calificaron como un clima de impunidad en la región.
Seguirán las movilizaciones
Los manifestantes advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta que se emita una sentencia y se garanticen condiciones de imparcialidad en el proceso. Hasta el cierre de esta edición ni el juzgado ni el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) habían emitido una postura oficial sobre los señalamientos.
