La Colectiva Cereza informó que la causa penal número 424/2024, relacionada con la desaparición de las siete Urvan de San Cristóbal, se encuentra en etapa procesal, a cargo de la jueza Viridiana Montenegro Peña, quien señalan, “se encuentra en una situación compleja y con muchas presiones”.
Esto, explican, por el oficio que las familias, es decir, las víctimas indirectas, presentaron y en el cual indican que, tras darle un seguimiento cercano a la investigación y a los datos en los que se sustenta, encuentran deficiencias en la acusación.
“No buscamos que personas que no sean responsables de la desaparición de nuestros familiares sean acusados injustamente”, indicaron.
Combate a la corrupción
Por lo mismo, la colectiva solicita que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas garantice la independencia judicial de la jueza y se tenga en cuenta la manifestación realizada por las víctimas indirectas, “ya que es de suma importancia y combate a la corrupción y las violaciones de los derechos humanos”.
Postura
“Las familias no están dispuestas a participar en la construcción de delitos ni violaciones de derechos humanos contra personas a las que no se les encuentren pruebas de su participación en este delito”, detallaron.
La colectiva puntualizó que, pese a que “en la administración pasada era el modus operandi que ante insuficiencia probatoria, la FGE solicitaba al tribunal la sentencia condenatoria”, confían en que la actual administración judicial va a garantizar los derechos humanos y no se van a permitir estas prácticas. “Los jueces deben ser la garantía de justicia para los ciudadanos” agregaron.
